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Santo Domingo, DN. La coalición de organizaciones agrupadas en el Foro
Interfronterizo para una Mayor Inversión Pública, realizaron una parada cívica
frente a la cámara de diputados para expresar su preocupación en torno al Proyecto
de Ley de Presupuesto y Gasto Público del año 2017, ya que en el mismo no se
refleja la voluntad política de impulsar
el desarrollo de las provincias fronterizas.
Las organizaciones llamaron la atención sobre el
hecho de que el proyecto de ley no tiene un enfoque territorial para la
descentralización de la inversión pública, lo que implica la perpetuación de la
desigualdad e inequidad social, así como el agravamiento progresivo de las
limitaciones relativas al acceso a servicios públicos básicos que vienen
afectando a los ciudadanos que viven en las comunidades de Dajabón, Elías Piña,
Jimaní, Bahoruco y Pedernales, que recordemos son las provincias con
mayores índices de pobreza y extrema pobreza en República
Dominicana.
Pronosticaron que este enfoque en la distribución
del presupuesto no contribuye a elevar las condiciones de vida de la población
de las provincias fronterizas, lo que tiende a presionar la migración interna
hacia el espacio periurbano de las grandes ciudades, lo que trae consigo
aumento de las complicaciones para la eficaz gestión de las ciudades, contribuye
a la creación de cinturones de pobreza y peor aún, incremento de los riesgos
sociales y medio ambientales.
Agregaron que la mayor parte de la inversión está
orientada a infraestructuras (sin especificar zonas ni las obras concretas a
desarrollar), pero que no se ha prestado suficiente atención a la necesidad de
mejorar la calidad de la inversión pública para lograr una mayor eficacia de la
política social.
A raíz de este análisis, las organizaciones
integrantes del Foro Interfronterizo hicieron un llamado a la Comisión
Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto, para que la misma priorice la
inversión en las provincias fronterizas para romper la brecha histórica de
pobreza que se ha ido creando en ellas, por el olvido de los sucesivos
gobiernos en el país, así como la
asignación de más recursos para las instituciones públicas que tienen como
función, promover el desarrollo y brindar a la población los servicios
fundamentales (educación, sanidad, agua, acceso a la justicia, luz,
infraestructuras básicas, seguridad, creación de fuentes de empleo, etc.) para
una vida digna.
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