SANTIAGO.- El Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, condenó a 15 años de prisión a un exempleado de la Junta Central Electoral (JCE), acusado del robo de RD$37 millones 117 mil 300.00 en efectivo, luego de romper puertas y una pared, hasta la zona donde estaba guardada la suma millonaria en el recinto electoral de esta provincia.
Joel Antonio Durán Tavares, ex inspector de seguridad y monitoreo de la JCE, además, fue sentenciado al pago de una indemnización civil de RD$10 millones a favor del organismo de elecciones.
El titular del Ministerio Público en Santiago, fiscal Osvaldo Bonilla, expresó su valoración a la condena emitida, por cuanto resarce, en materia penal y civil, el daño infringido a la JCE y porque, también, valida la investigación penal desplegada por la institución persecutora.
«En relación a los demás acusados que fueron absueltos, esperaremos la notificación de la sentencia íntegra, a los fines de analizar si es pertinente presentar un recurso de apelación», informó Bonilla.
La Fiscalía de Santiago, debidamente representada por los fiscales Luisa García y Elvin Ventura, sustentó con pruebas, que el tribunal consideró no vinculantes, la participación en los hechos de Juan Carlos Fortuna, Estarlin Rosario y Jorge Luis Peña Rossó, quienes junto a Durán Tavares se asociaron para cometer el robo.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres.
Los hechos atribuidos a Durán Taveras ocurrieron el 29 de junio del año 2020 en la víspera del proceso electoral que la JCE organizaba, en tanto que la suma sustraída se destinaría para el pago nominal de empleados fijos y personal contratado.
La relación circunstanciada de los hechos que fueron investigados por un amplio equipo coordinado por el fiscal Juan Elías Pérez, narrada por el Ministerio Público ante el tribunal, establece que el condenado, habiendo acordado la trama, no abandonó el edificio a la hora en que estaba previsto retirarse de sus labores y se escondió en el sótano de la institución, a la espera de que todo el personal se retirara.
Una vez que se le confirmó la salida de todo el personal, se dirigió a la zona de monitoreo y desactivó las cámaras de vigilancia, para luego, haciendo uso del carnet de un empleado pensionado, abrir una de las puertas, forzar otras y romper una pared en sheetrock hasta llegar al baño contiguo a la oficina del presidente del organismo, y sustraer el dinero.
Luego de varios interrogatorios y más de 20 allanamientos, la Fiscalía de Santiago logró recuperar más de un millón de pesos en la residencia del condenado y de familiares, y el resto del dinero fue encontrado escondido en el plafón del sótano del órgano electoral.
Basada en estos hechos, la Fiscalía le atribuyó al condenado la violación a los artículos 265, 266, 379, 384 y 386. 3, del Código Penal Dominicano, que sanciona la asociación de malhechores, el robo con fractura y rompimiento y robo asalariado. AL
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