Santo Domingo.- El consejo de defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció que el Ministerio Público, además de violar el plazo establecido por ley de prórroga solicitado, es improcedente que continué acciones violatorias en los próximos días.
“Al concluir el plazo de investigación, el Ministerio Público no puede continuar investigando, realizando allanamientos e incautaciones ilegales, entrevistas o interrogatorios agresivos a testigos como lo han realizado hasta la fecha y peor aún, obstaculizando la entrega de los documentos solicitados en numerables ocasiones relativos al proceso”, denunciaron los abogados defensores.
Carlos Balcácer, acusó a la PEPCA, de dilatar el proceso de investigación que siguen a su cliente, al no existir pruebas en su contra con el objetivo de prolongar prisión ilegal como trama dilatoria.
Los juristas recordaron que hace un año, la Pepca le dijo al tribunal, al país y al mundo que tenían un “expediente blindado” por falsos sobornos y sobreevaluación de obras y solicitaron más tiempo para finalizar su manipulada investigación, la cual venció el jueves pasado.
Informaron que la PEPCA no cumplió con el depósito de la acusación y ahora como buen mala paga, será intimada para hacer el depósito en un plazo máximo de 15 días calendario, estando prohibido todo acto investigativo como allanamientos, incautaciones, solicitudes, entrevistas e interrogatorios.
“EL expediente blindado por falsos sobornos y sobreevaluación de obras no estaba tan sólido, se han valido de trabas para finalizar su manipulada investigación. Han causado daños morales sobre familias, han apresado a inocentes, usurpado sus bienes, y se han valido de artimañas mediáticas para manipular a la opinión pública”, denunciaron.
Afirmaron que el caso construido por parte del Ministerio Público llegó a su etapa final de investigación establecida por ley, el pasado jueves, y con la finalización se agotó la única excusa de la PEPCA y el tribunal de mantener a Jean Alain en prisión para que no obstaculizara la investigación dado su alto cargo pasado.
Dijeron que por eso es que Rodríguez insiste en que su audiencia sea pública y abierta para los medios de comunicación, ya que el Ministerio Público objeta acceso a la prensa para ocultar montaje de la trama, pues han mentido bajo el falso argumento de tener “expediente blindado”, cuando no existen pruebas suficientes para privarlo de libertad.
Afirmaron que la PEPCA atribuye mayor peso al plan de humanización del sistema penitenciario, en específico, La Nueva Victoria.
Sostuvieron que el Pepca ha minimizado el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por jean Alain y ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales por más de 220 millones no contemplados inicialmente, cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos les corresponde realizarlos a la actual gestión, pero que por el contrario, ha entorpecido con una falsa acusación.
“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de licitaciones regulares, donde ganaron las mejores empresas y ofertas con cientos de participantes y ninguna impugnación de las demás decenas de empresas que participaron en el proceso, por eso la Procuradora General, Miriam Germán Brito ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales”, insistieron los juristas.
Aseguraron que esas construcciones cuentan con los debidos estudios de suelo realizados por prestigiosas empresas del país, contemplando que los terrenos si son aptos para construir al igual que en los alrededores se construyeron importantes zonas francas, el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Biaggi Pumarol.
Francisco Franco, otro de los miembros del consejo de defensa, recordó que “Jean Alain Rodríguez se presentó de manera voluntaria el pasado 29 de junio del 2021, fue privado de su libertad sin explicación, sin delitos, sin pruebas, sin auditorías, sin testigos, sin peligro de fuga, sin obstaculizar la investigación por construcciones sin ser ingeniero.
Dijo que a la PEPCA se le otorgó tres meses más de plazo y no hay una sola prueba de existencia ni de sobreevaluación ni sobornos, razón principal por la que ahora un juez en una próxima audiencia debe otorgarle la libertad, al ya haber concluido el proceso de investigación como lo establece el Código Procesal Penal.
Tomado de Armariolibre
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