El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, reclamó este martes al Congreso Nacional la reintroducción y aprobación del nuevo Código Penal, por considerar que el mismo vendría a completar la reforma procesal penal, además de ser un instrumento necesario para la eficiencia ejecutiva de la política criminal del Estado.
Surún Hernández, al depositar ante el Senado, en la persona del vocero de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, dijo que el anteproyecto propuesto por la CARD tiene poca modificación respecto al viejo Código.
El presidente del gremio propone, además, dejar fuera del Código Penal el tema del sborto, y legislar para que sea tratado en una nueva ley.
Calificó de imperativo para el país el contar con un nuevo Código Penal, lo que vendría a trabajar en consonancia con el Procesal Penal.
Asimismo, el gremio que agrupa a los abogados entiende que la creación de un nuevo Código Penal llenaría un vacío en casos de tipo penales, como el sicariato y el feminicidio.
El presidente del Colegio de Abogados estuvo acompañado del doctor Trajano Vidal Potentini, coordinador de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).
WWW.realidadesdepedernales.com Tomado de DominicanosHOY
Acerca del periodista
Alberto Odalis Báez
Periodista con más de 40 años en el ejercicio de sus labores para diferentes medios radial y escrito,como son: Clarín Informativo, Noticiario Cristal, Radio Reporte, de la Voz del Trópico, Radio Cadena Informativa en Radio Cristal, Noti/tiempo de Radio Cadena Comercial, Radio Antillas y Diario Noticias de Radio Barahona,también de El Nuevo Diario,Ultima Hora y otros.
Actualmente Báez es corresponsal del periodico matutino Listín Diario y productor del programa de radio "Pedernales y su Desarrollo" .
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, reclamó este martes al Congreso Nacional la reintroducción y aprobación del nuevo Código Penal, por considerar que el mismo vendría a completar la reforma procesal penal, además de ser un instrumento necesario para la eficiencia ejecutiva de la política criminal del Estado.
