MIU AFIRMA NO DEBE SER TOLERADA UNA AFRENTA MÁS DE
LA CIDH
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“Ante
el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lesivo a la
dignidad, la soberanía y las instituciones democráticas de República
Dominicana, no cabe otra respuesta, ni queda otra salida que la retirada de
nuestro país de sus filas y la denuncia del convenio por cuya adhesión nuestra
nación formaba parte de sus miembros.”
Miguel Mejía.
Santo Domingo, D.N.- El
Secretario General del MIU y Ministro para Políticas de Integración Regional
del Gobierno dominicano, Miguel Mejía, considera que los señores de la CIDH y
las fuerzas que se ocultan tras sus decisiones y las alientan, no dejan otra
opción, ni están interesados en nada que no sea fomentar la confrontación y el
desgaste de nuestros pueblos.
Es extremadamente sospechoso que cada vez que
entre Haití y República Dominicana se vislumbra el entendimiento y la solución
conjunta de viejas rencillas, se alcen semejantes provocaciones destinadas a
llevarnos de nuevo a la hostilidad, la desconfianza y el desprestigio.
Antes
fue Gonzalo Vargas Llosa amparado detrás de la ACNUR. Hoy le ha tocado el turno
a la CIDH, con sede en Costa Rica. Pero el guión y los fines que se persiguen
son los mismos; por lo tanto, la respuesta de nuestro gobierno, nuestras
instituciones y el pueblo dominicano ha de ser firme y radical, como lo ha sido
la defensa de nuestra libertad y la conquista de nuestra independencia.
Es
evidente que estas fuerzas oscuras, que manipulan a su antojo a ciertas ONG y
organismos internacionales, no cesarán en su empeño. Así lo viene a demostrar la sentencia irrespetuosa e injerencista adoptada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a nuestro país.
Según
la misma, la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y el Plan Nacional de
Regularización, puesto en vigor por el gobierno de República Dominicana, que,
incluso, ha contado con el respaldo del propio gobierno haitiano y de la mayor
parte de la comunidad internacional, resulta “discriminatorio”, en
consecuencia, nuestro Estado merece ser
condenado, como lo fue, al pago de una abultada multa en beneficio de
los demandantes.
Y
como si fuera poco, la sentencia de la CIDH indica detener la aplicación de la
sentencia 168/13, del Plan de Regularización y de toda norma, de la naturaleza
que fuese, incluyendo preceptos constitucionales, que promuevan el no
reconocimiento de la nacionalidad dominicana a hijos de padres, nacidos en el país,
que se encuentren en situación migratoria irregular.
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