Santo Domingo.-El experto en derecho migratorio, Juan Miguel Castillo Roldán, valoró como “apropiada” la decisión del Gobierno de no adherirse al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración.
Sin embargo, planteó la necesidad de que el Consejo Nacional de Migración se reúna y defina la política migratoria dominicana.
Castillo Roldán se refirió al tema durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, que se transmite por Digital 15, donde valoró la decisión en términos jurídicos, considerando solo aspectos constitucionales, el derecho migratorio y el derecho internacional público.
“El derecho internacional público establece que las políticas que son de la jurisdicción y competencia exclusiva de los Estados no pueden ser delegadas, es decir, un organismo internacional no puede disponer de protección de las fronteras y regulación de entrada, permanencia y salida” de personas, afirmó.
Sin embargo, planteó la necesidad de que los organismos nacionales competentes en la materia trabajen en conjunto para analizar la situación y documentos como la declaración y el pacto para que rescaten los aspectos positivos y se defina qué se necesita para aplicarlos.
“Eso tenemos que hacerlo con o sin pacto porque existe un organismo colegiado, el Consejo Nacional de Migración, que existe desde 2004, creado por la Ley 285-04, para trazar la política migratoria y en 14 años solo se ha reunido una vez para el Plan Nacional de Regularización”, manifestó.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, el consejo debe disponer la política migratoria de República Dominicana basándose en intercambio de información, análisis de las tendencias y los perfiles migratorios, análisis del mercado laboral y otras premisas.
Argumentó que en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas “se asume como un postulado que las migraciones generan prosperidad, desarrollo e innovación, desconociendo que la migración descontrolada e ilegal plantea múltiples problemas, distorsiones y efectos adversos que es colocado en un segundo plano y, en varias ocasiones ignorado.
Sin embargo, consideró como “un hito” dicho documento, al entender que el mismo “reconoce el fenómeno migratorio como un rasgo distintivo de la globalización en que las naciones comparten responsabilidades para el desarrollo sostenible”.
Dijo que aunque el pacto reconoce el impacto de las migraciones en los países de acogida, proponiendo la cooperación con respecto a ellos, coloca en plano secundario la importancia de promover el desarrollo de los países de origen y victimiza de forma generalizada a los desplazamientos migratorios fomentando la política asistencialista.
“A lo largo de todo el contenido convierte en prácticamente idénticas las consecuencias jurídicas de los estatus de "migrante" y "refugiado", provocando una virtual fusión de ambos conceptos y desnaturalizándolos, por lo que extiende los compromisos del derecho internacional humanitario en favor de los refugiados hasta los migrantes ordinarios sin importar sus causas de desplazamiento”, citó.
Destacó también que este pacto propone textualmente la eliminación de las causales legales de no admisión por motivo de enfermedad infecto-contagiosa (en caso de VIH), obligando al Estado receptor a facilitar su acceso y atención médica. Armario Libre
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