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En su obstinada campaña por dinamitar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la posterior ley 169-14 sobre la regularización del estatus de los extranjeros indocumentados, Haití se durmió en sus laureles y apostó equivocadamente al fracaso de nuestra política de migración y naturalización.
Ya es demasiado tarde para reaccionar.
Tras mantener una actitud poco cooperativa con el proceso, encareciendo los costos para la expedición de los documentos que requieren sus ciudadanos para optar por la residencia legal o la futura naturalización en nuestro país, ahora quiere apresurar el paso en la expedición de pasaportes al vapor para aquellos que lo necesitan y ha pedido al gobierno dominicano que, en violación a las normas establecidas, otorgue más plazos para la regularización.
Pese a que el proceso fue abierto el año pasado, y que ha sido gratuito para todos los extranjeros, la cifra de indocumentados pasibles de regularización no llega ni siquiera a los 200 mil. Hasta esta semana sólo se han carnetizado 76 mil.
El propio embajador de Haití en nuestro país, Daniel Supplice, admitió el fracaso del Plan de Identificación de Inmigrantes de Haití (PIDIH), alegando que fue mal estructurado. Este plan buscaba proporcionar certificados de nacimiento, carnés de identidad o pasaportes a los haitianos y descendientes de haitianos que viven en el país, pero la verdad es que el gobierno de Haití no puso el mayor empeño, en tiempo hábil, para ayudar a sus nacionales.
El resultado es que ahora los haitianos atiborran las oficinas del plan de regularización, en un desesperado intento por alcanzar a inscribirse en el plan y lograr, así, un tiempo más de respiro hasta que puedan completar todos los requisitos legales.
Sin embargo, ya comenzó la cuenta regresiva para el plazo fatal. El presidente Danilo Medina, en la solemne sesión de la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, proclamó que no habría ampliación del plazo y esa es la posición que de manera firme ha sostenido el gobierno.
El 17 de junio, y en estricto y legítimo cumplimiento del mandato constitucional, República Dominicana queda en el derecho de repatriar a todos los ilegales, y nadie puede obstruir esta medida, porque así lo ha hecho Canadá con los indocumentados que estaban en su territorio al vencerse el 2 de abril pasado el plazo de cuatro años que otorgó para su regularización.
Otros países, especialmente los de la Unión Europea, también han tomado en serio sus propias normativas y han endurecido las medidas para evitar la entrada de nuevos inmigrantes ilegales y para regularizar a aquellos que califican.
Si Haití pensó que podía doblegar la voluntad dominicana poniéndonos en entredicho en el campo internacional y agenciándose aliados, aquí dentro y fuera del país, para torpedear nuestras leyes, se equivocó de plano.
Ya no hay marcha atrás.
www.realidadesdepedernales.com Tomado del listindiario
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